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Reseña Histórica




HISTORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO II AÑOS 1835-1847 Por el Lic. José Francisco Pedraza Montes


La vida en el San Luis de entonces era tranquila y aburrida, un ambiente escaso de novedades invadía a la ciudad antigua, las calles casi desiertas del tránsito de las gentes y a toda hora sólo se rompía el silencio con los frecuentes repiques de las campanas de los templos y conventos llamando a los servicios religiosos. Uno que otro coche de los llamados “de Providencia”, o de algún personaje, pasaba por las calles dejando sólo el eco del clac clac de las uncidas bestias. Otras veces sólo se oían los improperios y maldiciones de los que guiaban carros y carretones de carga, animando a la mulas cansinas. Después otra vez el silencioso transcurrir hasta el atardecer; pronto las sombras invadían el ambiente, propicio a esas horas a recogerse para el descanso después de las oraciones y de atrancar puertas y portones; afuera quedaban las leyendas lúgubres y sombrías de muertos y aparecidos, o también los pasos de la “gente de trueno” que regresaba después de apostar en la muchas “manos” de la baraja o de los dados. Bien podían ser aquellos pasos, los de algún galán enamorado que había alargado su amorosa charla en alguna ventana del barrio.


En los siguientes años a la erección del Supremo Tribunal de Justicia del Estado habían continuado sin trastorno algunos sus funciones ordinarias, ya se habían hecho algunas necesarias modificaciones a la leyes de Arreglo de Tribunales del Estado y se pensaba en hacer otras más que se suponían necesarias. Se habían publicado también algunos decretos sobre nombramientos de nuevos Magistrados, pero esta formalidad no se observó de una manera constante o general, así como tampoco fueron publicadas, en ningún caso, las renuncias, cambios o remociones de los Magistrados.


A lo que parece y así debió de ser, que las funciones de la administración de Justicia del Estado, estuvieron siempre ajenas a la influencia de la política local, durante esta época del primer tercio del Siglo XIX pues no se registra ningún caso de desacato a la autoridad judicial lo cual es loable y revela el ambiente de independencia y respeto que se le guardó, máxime cuando a que por entonces había aflorado nuevas ambiciones políticas aquí y allá, que surgían, sobre todo de grupos rebeldes, eternos disidentes; los más eran gentes del clero o de la milicia que pretendían sacar beneficio para sus particulares intereses.


La primera Constitución Política de la República (1824), fue federalista. Este código fundamental rigió los sucesivos gobiernos de Don Guadalupe Victoria, el Gral. Vicente Guerrero, Gral. Anastacio Bustamante, Gral. Antonio López de Santa Anna y Don Valentín Gómez Farías.


Las transmisiones del poder se hicieron en forma violenta pues se originaron continuos y frecuentes motines, pronunciamientos militares, se publicaron varios planes políticos, revolucionarios y contrarevolucionarios, esta época fue verdaderamente convulsiva en la que se establecieron trascendentales reformas, sobre todo en los órdenes en lo militar, en lo eclesiástico y en general en la administración pública, todas ellas carecieron de eficacia y de falta de organización y coordinación y fracasaron. En las Legislaturas de algunos Estados se manifestó decidida oposición a las reformas decretadas, lo que llevó al país a una situación de anarquía. Eran frecuentes los pronunciamientos pacíficos manifestados en los Estados por los Ayuntamientos y aún por grupos de numerosos vecinos de las ciudades y pueblos y era general la pública inconformidad respecto de las disposiciones oficiales de los gobiernos.


Para remediar estos males que se sufrían en toda la nación, se propuso el cambio del sistema político, atribuyéndose al sistema federal la causa de esa inconformidad pública y el desordenado caos imperante cambiando el sistema de gobierno con reformas substanciales, adoptándose el régimen político del centralismo.


A poco ocurrió que, posiblemente a sugerencia del Gral. Antonio López de Santa Anna, se confabularon algunos de sus partidarios y sorpresivamente suscribieron el “Plan de Cuernavaca”, lanzado en esa ciudad el 25 de mayo de 1834. Este documento, bajo el lema de “Religión y Fueros” declaraba al general Santa Anna como “Unica autoridad en condiciones de procurar al país la debida protección”. Por su parte Santa Anna, días antes, el 23 de abril anterior, había asumido la Presidencia de la República.


Este Plan fue el pretexto que necesitaba Santa Anna para aceptar un gobierno conservador, para disolver las Cámaras de la Unión, destituir gobernadores, dispersar Ayuntamientos, desarmar las Milicias Cívicas y deshacer todo lo hecho por Don Valentín Gómez Farías cuando estuvo en el poder.


Triunfante el “Plan de Cuernavaca”, se instaló en la Ciudad de México el “Congreso Constituyente Centralista”, este Congreso fue el que decretó el 3 de octubre de 1835 la observancia y cumplimiento del Gobierno Centralista y aquí en San Luis Potosí, desde entonces fue extinguida la Legislatura del Estado, sin embargo siguió de gobernador Don Juan José Domínguez, pero en el ejercicio de sus atribuciones quedó sujeto a lo que le ordenara el Supremo Gobierno de la Nación.


Sobre esto el historiador Manuel Muro nos informa ampliamente en el texto siguiente de las páginas 109 y 110 del tomo II de su Historia de San Luis Potosí, que al efecto transcribimos. Dice así:


“Las reformas radicales, que llevó a cabo ese nuevo sistema, por lo que respecta a los Estados, consistieron en la supresión de las Legislaturas, sustituyéndolas con Juntas Departamentales encargadas de determinar o proponer todo lo que redundara en bien de los Departamentos, ejerciendo facultades económico-municipales, electorales y legislativas, que le serían detalladas en una ley, estando sujetas y siendo responsables en cuanto al ejercicio legislativo al Congreso General. Estas juntas servían también de Consejo a los Gobernadores. Estos funcionarios serían nombrados periódicamente por el Gobierno Central a propuesta de las mismas Juntas y estarían sujetos al Ejecutivo de la Nación.


“Los miembros de las Juntas serían nombrados popularmente en los términos que fijara la Ley. Suprimió los nombres de Estados a la entidades políticas, reemplazándolos con los de Departamentos y en lo relativo a la Administración de Justicia, sería ésta administrada por Tribunales y jueces nombrados o confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con intervención del Supremo Poder Ejecutivo, de la Juntas Departamentales y de los Tribunales Superiores, en los términos que fijara la ley constitucional.


En las páginas 99 y 100 de la obra “Legislación Potosina./Colección completa./ De las / Disposiciones Legislativas / Expedidas desde 21 de Abril de 1824. / Edición Oficial. / Tomo I./ San Luis Potosí. / 1892.” Consta el texto del Decreto expedido el 3 de Octubre de 1835 por el Congreso General de la República, sobre que cesarán las Legislaturas de los Estados y sustituirán los gobernadores sujetos al nuevo régimen centralista. Pero, sobre todo, nos interesa saber cómo quedó el Supremo Tribunal de Justicia del Estado después de las radicales reformas constitucionales y puede decirse que, aunque en el artículo 4º. del Decreto del 3 de Octubre de 1835 se ordenó que: “...Sustituirán todos los Jueces y Tribunales de los Estados y la administración de Justicia, como hasta aquí, mientras no se expida la Ley organizadora de este ramo...”. lo cierto fue que aquí todo siguió igual que antes pues no sabemos que alguna Ley o decreto hubiere modificado su régimen interior o sus funciones.


Pero eso si, desde luego cambió su nombre oficial que tradicionalmente había tenido, para llamarse en esta época del centralismo como “Tribunal Superior de Justicia del Departamento de San Luis Potosí”.


Es oportuno hacer constar que los Magistrados y Jueces que ejercieron esa responsabilidad durante la época en que gobernó el sistema Centralista aquí todos ellos fueron de gran calidad profesional como Juristas, ampliamente conocidos y prestigiados. Muchos ya habían desempeñado esos cargos de justicia desde antes del Centralismo y algunos continuaron con esa misma responsabilidad después de que terminó ese sistema político.


El Centralismo fue adoptado aquí en San Luis Potosí siendo gobernador del Estado el señor Juan José Domínguez, y al efecto se dictó el decreto num.57 del 8 de octubre de 1835 designando a quienes integraron la primera Junta Departamental del Departamento de San Luis Potosí, que lo fueron: el Lic. José Mateo Terán, Presbítero José María Guillén, Pascual Aranda, Mariano Martínez y Pablo Legorreta. Y con ello se dio cumplimiento al decreto del 3 de octubre , expedido por el Congreso General de la República, pero esto fue mucho antes de que se expidiera la primera Constitución Centralista que se llamó “Siete Leyes”, la cual fue decretada en la Ciudad de México hasta el día 29 de diciembre de 1836 y fue jurada por el Presidente de la República Don José Justo Corro el 1° de Enero de 1837.


Este código político republicano centralista creó el “Poder Conservador” encargado de mantener a los otros tres Poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en la órbita de sus atribuciones, ordenó que los Estados se llamaran Departamentos y suprimió las Legislaturas de los Estados, ordenando también que las rentas que percibían los Estados, llamados Departamentos quedaran desde luego a disposición del Gobierno Central.


Esto último provocó una general inconformidad porque, de hecho, las entidades estatales quedaron sin recursos económicos para los necesarios gastos de la administración pública. Por ello pronto surgieron pronunciamientos armados. Algunas de estas rebeliones fueron encabezadas por partidarios del federalismo. Entre ellas la más enérgica fue la declaración de Yucatán que manifestó que se separaba de la República Mexicana mientras no se restableciera el federalismo y al efecto estos rebeldes separatistas se apoderaron de toda la península y vencieron a las tropas del Gobierno en Campeche.


Otras rebeliones eran auspiciadas y aún dirigidas por el Clero que no obedecía ni obedeció lo relativo a que los curatos fueran intervenidos y despojados de los beneficios eclesiásticos del pago que tradicionalmente obtenían por determinados servicios eclesiásticos, así como de los derivados de diezmos y primicias, etc. Sobre esto hubo reclamaciones de la Santa Sede y por negarse a cumplir semejantes disposiciones fueron perseguidos algunos obispos, otros tuvieron que ocultarse o salir de sus Diócesis (Pág. 172 Compendio de Historia de México por José Bravo Ugarte).


El sistema centralista del Gobierno de las “Siete Leyes” originaba para el mismo gobierno un cúmulo de dificultades internas, sobre todo entre el Ejecutivo, su gabinete y su Consejo y originaban frecuentes desavenencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto se registran en diversas regiones del país toda clase de revoluciones, pronunciamientos, asonadas y motines. La manifiesta inconformidad popular y el caos del propio Gobierno central obligaron al Congreso General (llamado 2°. Congreso Constituyente), a dejar sin efecto el Código de las “Siete Leyes”, expidiendo en su lugar un nuevo código político bajo el régimen centralista que se llamó “Bases Orgánicas”. Esta nueva Constitución fue promulgada el 12 de Junio de 1843. Mantuvo el Centralismo, pero suprimió el “Poder Conservador” y otorgó al Ejecutivo mayores facultades.


Bajo esta nueva Constitución fueron electos los Presidentes de la República: Santa Anna, el Gral. José Joaquín de Herrera y el Gral. Mariano Paredes Arrillaga. Mientras por su parte, el Gral. Santa Anna procedió como dictador, antes y después de las “Bases Orgánicas”. Para entonces el principal problema de la nación era la guerra con los Estados Unidos.


Como se advierte por todo lo anterior, el sistema de la República Centralista resultó incapaz para resolver los graves problemas políticos y sociales del país y gradualmente se fue desprestigiando ante el creciente caos y malestar público y gubernamental, y fue en los mismos órganos del Gobierno en donde se percibió la necesidad de volver al sistema político federalista.


Estábamos en plena guerra con los Estados Unidos, así se reunió el Congreso General que decretó una nueva Constitución que se llamó “Acta Constitutiva y de Reformas de los Estados Unidos Mexicanos” que fue expedida el 22 de abril de 1847, por la cual se decretó que se restauraba la vigencia de la Constitución de 1824 pero con reformas y adiciones. Fue por ello que los Estados recuperaron su independencia y soberanía para continuar unidos bajo la forma federalista.


Después de expedida esta Acta, el Congreso se dispersó por haber sido ocupada la Capital de la República por el ejército invasor norteamericano. (Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. Artículo “Acta Constitutiva y de Reformas de 1847”).


Desde entonces se restauró el Gobierno bajo el sistema político del Federalismo. El “Departamento de San Luis Potosí” volvió a ser Estado de San Luis Potosí y el Poder Judicial del Estado se suprimió el nombre oficial de “Tribunal de Justicia del Departamento de San Luis Potosí” para llamarse nuevamente “Supremo Tribunal de Justicia del Estado” que antes había tenido según el Artículo 219 de la primera Constitución Política del Estado promulgada el 16 de Octubre de 1826.


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