Magistrados del STJE participan en las jornadas de acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas

Al abordar las causas que impiden a la mujer indígena tener un pleno acceso a la justicia, los magistrados Ramón Sandoval Hernández y Manuel Bravo Zamora, ambos integrantes de la Comisión de Justicia Indígena del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, plantearon durante su participación  en las “Jornadas de acceso a la justicia de mujeres indígenas” una serie de propuestas:

• El establecimiento de una política que combata y erradique la violencia de género y por origen étnico.
• Fomentar la contratación de personas de origen indígena en los órganos legislativos, judiciales y ministeriales para lograr una mejor y eficaz administración de justicia hacia los pueblos originarios.
• Contratar intérpretes y traductores que estén adscritos a los juzgados ubicados en los distritos judiciales con población indígena para garantizar que en los juicios o procesos en que sean parte personas indígenas, tengan una adecuada defensa al ser asistidas por personas hablantes de su lengua y conocedoras de su entorno cultural.
• Coordinación entre las instituciones estatales y federales encargadas de defensoría, la procuración y administración de justicia.
• Para cumplir con la garantía de debido proceso, en los procesos en que una mujer indígena sea parte, designarle un intérprete o traductor de su lengua y entorno cultural.

Entre los principales obstáculos mencionados por los magistrados, que impiden a la mujer indígena acceder a la justicia, se encuentran: 1) la lengua, que dificulta la comunicación ya que el juez de origen mestizo desconoce el dialecto; 2) predominancia de la escritura sobre la oralidad, en los procesos o juicios, en los que el juez resuelve los asuntos con base en las constancias que integran el expediente, lo que perjudica a la mujer indígena al verse obligada a hablar en español y no en su dialecto; 3) otro factor que dificulta a las mujeres denunciar agresiones son las grandes distancias que existen entre su lugar de origen y las cabeceras municipales en donde se localizan los juzgados o agencias de ministerio público.

Se informó que la estadística recabada por el Poder Judicial del Estado, arrojó que existen 150 procesos donde la mujer indígena con el carácter de ofendida, afectada ha sido violentada principalmente por violencia familiar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, lesiones, violación, abuso sexual calificado, estupro e incesto.

En el panel sobre el sistema de justicia tradicional de los pueblos indígenas, los magistrados Alvaro Eguía Romero y Armando Martínez Vásquez, también integrantes de la Comisión de Justicia Indígena del STJE hablaron sobre la función de los jueces auxiliares en la justicia tradicional.

Como resultado de la capacitación que se ha venido impartiendo desde el año 2007, a los jueces auxiliares, informaron que se ha considerado que debe haber una reforma en la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para ampliar facultades jurisdiccionales.

También, manifestaron el compromiso del Poder Judicial del Estado de continuar con la capacitación permanente a estas autoridades comunitarias, considerando que debe haber una extensión en la duración del período a tres años, para que la capacitación surta mejores efectos, ya que el período actual es de un año.

San Luis Potosí, S.L.P., julio 8 de 2010

 

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